La colaboración del Colectivo Emancipaciones con la comunidad purépecha de San Francisco Pichátaro es producto del acompañamiento militante y solidario de una de las luchas más viejas de las comunidades indígenas en Michoacán. En efecto, desde hace mucho tiempo las comunidades indígenas que tienen la calidad de tenencias (submunicipalidades) han estado sujetas a una administración racista y excluyente de las cabeceras municipales que manejan, los de por sí escasos recursos públicos, de manera desigual y discrecional.
Esta lógica en la administración pública municipal permite prácticas tan perversas como que una comunidad como San Francisco Pichátaro, que representa aproximadamente el 35% de la población total del municipio, recibiera sólo el 6% del recurso público que le correspondía al municipio, y que además fuera manejado desde la cabecera sin tomar en consideración a la comunidad.
Dentro de este contexto la comunidad de San Francisco Pichátaro comenzó una lucha para pelear por la entrega directa del presupuesto que proporcionalmente le corresponde del municipio para ejercerlo de acuerdo a sus propias necesidades y prioridades. Después de varios años de lucha política las autoridades buscaron a los integrantes del Colectivo Emancipaciones para hablar sobre la posibilidad de judicializar su lucha.
Fue de esta manera que en el mes de septiembre de 2015, el Colectivo Emancipaciones presentó la demanda del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, que por su importancia y por su falta de precedente histórico conoció la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La estrategia utilizada por el Colectivo Emancipaciones fue la de vincular la exigencia de la comunidad de administrar y decidir sobre los recursos económicos con el derecho a la libre determinación, es decir, presentar la lucha de la comunidad como parte de un derecho político de los pueblos y comunidades indígenas. Este argumento fue apoyado de manera decisiva en un amicus curiae firmado por las investigadoras Rachel Sieder, María Teresa Sierra y Mariana Mora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, la investigadora de FUNDAR AC. Cécile Lachenal y el director del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana José Luis Caballero.
De esta manera, el 18 de mayo de 2016, en el ya histórico expediente SUP-JDC 1865/2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió a favor de la comunidad purépecha de San Francisco Pichátaro y ordenó la realización de una consulta previa, libre e informada para verificar que fuera la voluntad de la comunidad absorber las atribuciones y obligaciones que su solicitud conlleva.
El pasado 4 de julio concluyó la consulta a las 18 autoridades de San Francisco Pichátaro con un resultado completamente a favor de la transferencia de los recursos, derechos y obligaciones a la comunidad para administrar directamente los recursos económicos que proporcionalmente les corresponden.
